Por incumplimiento de un deber legal concesionarios de Centros de Verificación denuncian ante la FGE al Gobernador  del Estado

*También a Rocío Pérez, al no establecer los lineamientos para transitar de centros de verificación a verificentros o en su defecto a la prueba dinámica.

Irineo Pérez Melo u La Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por incumplimiento de un deber legal en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la Secretaria del Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez. La denuncia fue interpuesta el pasado 11 de junio y se está en espera de la integración de la carpeta de investigación, informó el vocero de este organismo Mario Cazares de Sourt de Sanz.

En entrevista, explicó que el pasado 29 de noviembre de 2018 en donde se aprobó el decreto que los centros de verificación deberían de transitar a verificentros y a 7 meses las autoridades correspondientes no se han establecido los lineamientos para ello para adoptar, en su defecto, la prueba dinámica.

“Nos dicen que a la brevedad se debieron de haber sacado los lineamientos, en donde se acuerdo a la ley en la materia, tienes de 15 a 45 días para dar cumplimiento a un ordenamiento del Congreso del Estado, lo cual no se ha hecho ni tampoco el Gobernador del Estado le instruye al director de Tránsito del Estado para que se inicien que los delegados y oficiales de esta institución multen a quienes no han verificado sus automóviles”, añadió.

Indicó que se tienen 3 años que nada más se está prorrogando para que la gente vaya a verificar, la última que sacó la titular de la Sedema es al 17 de junio, y a partir de esa fecha se empezaría a aplicar sanciones por el incumplimiento de esta disposición oficial, pero eso dijo el 17 de mayo, el 17 de abril y el 17 de marzo, incumpliendo con los ordenamientos legales que rigen esta materia.

Por tal motivo, señaló por último, el estado ha perdido más de 400 millones de pesos por no aplicar la verificación,  lo cual es una agravante que debe investigar la Fiscalía General del Estado, porque con esta omisión no ingresan a las arcas estatales recursos fiscales y que se requiere iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas por las cuales no se realizan estas acciones,.