Xalapa, Veracruz; México 24 de Noviembre. de 2017       Visitas: 1,001,952   Hits: 13,193,975

Sancionarían penalmente al servidor público que ordene despidos
injustificados

Grupo Acontecer

*A nombre del PRI, el diputado Juan Nicolás Callejas Roldán presentó
una iniciativa para adicionar el artículo 317 Bis al Código Penal del
Estado.


Para sancionar el actuar irregular de los servidores públicos
responsables de las relaciones laborales, cuando realicen u ordenen un
despido injustificado, en perjuicio tanto del trabajador al no respetar
sus derechos y los procedimientos consignados en la legislación laboral,
como de la hacienda pública, el grupo legislativo del PRI en el Congreso
del Estado propuso adicionar el artículo 317 Bis al Código Penal del
Estado.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el
diputado Juan Nicolás Callejas Roldán presentó la iniciativa en la que
–explicó- es necesario plantear la responsabilidad penal de los
servidores públicos que en el desempeño de su cargo o función, sin
cumplir los procedimientos laborales, incurran en actos u omisiones que
deriven en despidos injustificados, previa declaración del Tribunal
correspondiente.

El legislador subrayó que en los últimos años, las haciendas públicas se
han visto afectadas gravemente como resultado de laudos condenatorios
recaídos en múltiples demandas laborales en contra de ayuntamientos y de
dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Dijo que de acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, se estiman adeudos en esa materia por más
de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3 por ciento del
Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4 por ciento de los ingresos
totales de los gobiernos municipales.

Enfatizó que este problema se ha generado, entre otras causas, por
despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos
sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral
aplicable.

Refirió que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio
Civil de Veracruz establecen con precisión los procedimientos que deben
agotarse para rescindir o cesar a un trabajador, lo cual es una
obligación para el patrón y un derecho para el trabajador. Sin embargo
–añadió- dichos procedimientos no se aplican en muchos casos, generando
con ello despidos numerosos y juicios laborales, e inclusive
administrativos, y una gran cantidad de resoluciones condenatorias.

La consecuencia de lo anterior es una afectación a la sociedad, pues al
pagar grandes cantidades de dinero por concepto de laudos, las entidades
públicas dejan de cumplir con su fin primordial, que es proporcionar
obras y servicios públicos a los ciudadanos, considerando que la razón
de ser de las instituciones públicas es servir al desarrollo de la
sociedad.

En el tema de los despidos  injustificados, nos encontramos ante el
supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que
con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública, 
poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente
despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones
laborales, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.