|
Irineo Pérez Melo u El diputado convergente Alfredo Tress Jiménez solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que exhorte al Ejecutivo estatal y sean citados el Director General de Tránsito y Transporte y el Procurador General de Justicia del Estado, para que conjuntamente se revisen en comisiones las reformas necesarias a los artículos relacionados con el pirataje, conducir en estado de ebriedad, el seguro obligatorio para todos los automotores, así como excluir la intervención de los Ministerios Púbicos en accidentes en donde no existan daños graves a personas físicas.
En su intervención en la tribuna, durante la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el legislador del partido naranja fundamentó su petición en el sentido de que exista una propuesta conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de modificación a la ley de Transito y Transporte y de Código Penal de nuestro estado, para que antes de concluir el ejercicio constitucional de esta Representación Popular, se lleven a cabo las reformas necesarias en esta materia.
En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el convergente argumentó que su propuesta es derivada del reclamo popular, principalmente de los transportistas del servicio urbano, suburbano y foráneo, los cuales exigen mayor certeza jurídica en la Ley de Tránsito.
Destacó que aún cuando el pasado 5 de marzo del año en curso se aprobaron por unanimidad reformas importantes a esta legislación, con el paso de los meses, resulta imperiosa la necesidad de continuar reformando esta importante ley, que de garantía, por un lado, a los ciudadanos y por el otro, al prestador de servicio público concesionado.
Por tal motivo, dijo, se hace urgente realizar una revisión al marco jurídico de dicha norma, así como al Código Penal vigentes en el estado, en virtud de que a partir de agosto se iniciarán las revistas vehiculares al autotransporte público concesionado en sus modalidades de taxi, autobuses de pasajeros, carga y mixto rural.
Tress Jiménez detalló que si bien las reformas pasadas han cumplido parcialmente, es importante resolver de una vez por todas el pirataje y la intervención tortuosa y económicamente favorable para los Ministerios Públicos, ya que en su mediación en accidentes, donde no existen daños a personas físicas, la mayoría de las veces se presenta la corrupción.
El exdirigente del partido naranja hizo especial énfasis en torno al pirataje, el cual consideró que este problema representa una competencia desleal de los autotransportistas y que alcanza hasta en un 50 por ciento.
Este no es un tema desconocido por las autoridades responsables, inclusive, dijo, existen expresiones de delegados regionales de Transporte Público donde reconocen y califican como “severo” el número de unidades “piratas”, así como su incremento permanente, a grado tal que señalan que a estas alturas existen hasta taxis piratas que no cuentan con una concesión otorgada por la autoridad correspondiente.
Además, indicó, muchos de ellos prestan el servicio en forma colectiva, por lo cual es urgente la necesidad de regular todo el transporte público en la entidad, esto sin tomar en cuenta la invasión de rutas, los camiones chatarras y el maltrato con el que los conductores se comportan con los usuarios, entre otros.
Por otro lado, sostuvo que el simple hecho de conducir una unidad automotora representa un riesgo, por lo que la legislación debe ser clara con penas privativas de libertad a las personas que conduzcan en estado de ebriedad, pero no solo con el fin de hacer las penas más severas, sino definir claramente en la ley los motivos donde repercutirán cuando se conduzcan en estas condiciones, y con ello un alto grado de conciencia en los conductores.
También, dijo se debe estudiar la factibilidad de exigir el seguro mínimo contra accidentes a terceras personas, el cual aunque ya está previsto en la ley, ésta debe ser contundente exigiendo que todos los automotores deberán contar obligatoriamente con este seguro, por lo que se deberá considerar en la ley las sanciones administrativas tanto para el conductor como para el dueño de la unidad, así como el retiro del vehículo no asegurado, destinándolo a un corralón oficial y liberarlo cuando haya sido asegurado, así como la aplicación de una multa administrativa.
Esta medida, dijo, logrará que no sea necesaria la intervención del Ministerio Público en accidentes donde no existan lesionados o fallecimientos, y cuando suceda algún accidente entre automotores intervendrá el agente de Tránsito y el perito para que emitan el veredicto sin sancionar a las partes por el percance, siempre y cuando exista violación a alguna ley, se podrá ordenar el retiro de la vía pública de las unidades, y las partes, a través de las aseguradoras, cumplirán con la reparación del daño.
En la propuesta de punto de acuerdo, destaca que la reforma debe considerar sanciones a las compañías aseguradoras, que tienen la obligación de cumplir con las disposiciones que marcan en sus pólizas y no permitir que bajo subterfugios legaloides, muchas veces no se hacen responsables de los daños que pudieran ocasionar sus asegurados.
|
|
